Todo parece indicar que la reforma electoral, que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó como una de sus promesas de campaña, entrará en la recta final.
Las modificaciones propuestas a la Constitución son por sí mismas necesarias, pues tanto el sistema político como el electoral están siendo transformados rápidamente por dinámicas internas y externas.
En un país cansado de la corrupción y del derroche, la reforma llega con un discurso seductor, proponiendo austeridad, simplificación, “democratización” del árbitro y un supuesto combate a los excesos.
Aunque los argumentos suenan razonables, el problema es que, cuando se rasca la superficie, la reforma revela un riesgo mayor, que es el debilitamiento de la autonomía del INE justo cuando México necesita instituciones más fuertes, no más domesticadas.
No todo en la intención de modificar el sistema electoral —que se ha propuesto desde el sexenio del expresidente López Obrador— es negativo. Hay puntos rescatables.
Revisar el costo de las elecciones, los mecanismos de elección de las diputaciones plurinominales, cerrar espacios de opacidad en la fiscalización y mejorar los mecanismos de participación ciudadana son debates necesarios. Nadie con un poco de sensatez podría defender el gasto inútil, ni el dispendio, ni una burocracia electoral obsoleta.
Pero una cosa es modernizar y otra es desarme. El INE no es perfecto —ha cometido errores, ha sido lento ya veces hasta ha pecado de soberbia—, pero sigue siendo una de las pocas barreras institucionales que impiden que el poder político convierta las elecciones en un mero trámite.
En este sentido, la principal preocupación es la autonomía del Instituto. Si el árbitro depende del gobierno o del partido dominante, el juego deja de ser democrático aunque se mantengan las urnas y elecciones libres.
Y eso es exactamente lo que se asoma en una reforma que reduce los contrapesos, recorta capacidades técnicas y deja más margen para que los operadores políticos influyan en las decisiones clave.
En México, donde la tentación autoritaria siempre está latente, mover el tablero electoral sin blindajes es como jugar con fuego.
Más grave aún es la ausencia de candados sólidos contra los vicios que realmente pudren la política, como los compadrazgos, el nepotismo, la corrupción y el uso de recursos ilícitos. La reforma habla de reglas, pero no de dientes.
¿Cómo se evita que un candidato llegue con dinero sucio? ¿Cómo se sanciona al que estructuras de compra, intimidación votada o campañas financieras con “aportaciones” de origen oscuro? ¿Cómo se frena la captura de gobiernos locales por redes criminales o por clanes familiares que se heredan el poder como si fuera propiedad privada?
En este sistema las campañas son demasiado caras, los controles son débiles y los partidos suelen premiar la lealtad por encima de la integridad. Con tal ambiente como telón de fondo, debilitar al INE no limpia la política, sino que la ensucia más.
La reforma debería enfocarse en lo esencial, en fortalecer la fiscalización en tiempo real, soportar sanciones por financiamiento ilegal, blindar la selección de candidaturas contra el nepotismo, impedir la infiltración criminal y garantizar la independencia plena del árbitro.
Sin eso, cualquier “ahorro” es cosmético y cualquier “democratización” es propaganda.
Sólo así se pueden evitar episodios tan penosos y lamentables que desnudan a políticos corruptos como el del alcalde de Tequila, en Jalisco, quien al amparo del poder y junto con sus funcionarios más cercanos —que además eran sus amigos— creó una red de extorsión de empresarios, desvió fondos públicos y presumiblemente se vinculó con el crimen organizado.
Sheinbaum tiene la oportunidad de construir una reforma con visión de Estado. Pero si insiste en reducir la autonomía del INE y deja abiertas las puertas a los viejos compadrazgos, no se mejorará la democracia, sino que se facilitará el control político.
Y México ya sabe, por experiencia amarga, lo caro que se paga cuando el árbitro se vuelve parte del equipo.
Sotto voce
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado se suma a la estrategia nacional de atención al sarampión e implementa acciones estratégicas de vacunación en zonas prioritarias del estado.
La gobernadora participó en una reunión virtual convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar las acciones de prevención y reforzar la colaboración institucional entre el gobierno federal y los estados.
